El lunes 4 de mayo se firmó en Calama un importante convenio de colaboración institucional que apunta a fortalecer la seguridad en establecimientos educacionales y la protección de sus comunidades. Esto se suma a otros esfuerzos, como el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, actualmente en trámite en la Comisión de Educación del Senado.
El convenio fue suscrito por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la ministra de Educación, María Paz Arzola, en conjunto con Carabineros de Chile. Este acuerdo tiene como objetivo principal mejorar la coordinación interinstitucional y la ejecución de acciones conjuntas para prevenir situaciones de riesgo e ir promoviendo entornos escolares seguros.
Entre los principales compromisos establecidos está contemplada la coordinación permanente de las instituciones con el fin de planificar y evaluar medidas de seguridad en los establecimientos educacionales. Asimismo, se designarán puntos focales institucionales que actuarán como contrapartes técnicas, facilitando así la comunicación, la gestión de requerimientos y el seguimiento de las iniciativas.
El acuerdo también considera llevar a cabo reuniones periódicas de trabajo conjunto, con registro formal de los acuerdos adoptados, lo que permitirá dar continuidad y seguimiento a las acciones implementadas.
Adicionalmente, se impulsarán medidas concretas como la creación de mesas regionales de trabajo y el desarrollo de charlas, talleres y capacitaciones dirigidas a estudiantes. Estas iniciativas estarán enfocadas en la prevención de riesgos, el bienestar integral y la promoción de una convivencia escolar segura y respetuosa.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó que “este convenio es una prueba de que las escuelas no están solas”.
Esto se suma a otros esfuerzos, como el proyecto de ley “Escuelas Protegidas”. La Comisión de Educación del Senado ya comenzó el estudio en general y particular de esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo, que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
Cabe señalar que el proyecto de ley mencionado contempla distintas medidas que apuntarían a enfrentar hechos de violencia cometidos al interior de establecimientos educacionales. Estas incluyen la revisión de mochilas y sanciones por la interrupción de clases, entre otras.
