Magdalena Plant, jefa de la División de Educación General (DEG) en el Ministerio de Educación de Chile y María Jesús Lavín, coordinadora nacional de Cultura Educativa de esa misma institución, recientemente participaron en este seminario, organizado por Fundación Santillana, donde abordaron el impacto que tendrá la nueva Ley de Convivencia Escolar para los establecimientos educativos.
La implementación de las recientes normativas educacionales representa un desafío para los establecimientos escolares, sobre todo aquellas como la regulación del uso de teléfonos celulares, la incorporación de los 60 minutos de actividad física diaria y, por supuesto, la Ley 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, vigente desde el 1 de abril de 2026.
Así lo señaló Magdalena Plant, quien explicó que estas iniciativas comparten un propósito común: fortalecer el bienestar, la convivencia y el desarrollo integral de las comunidades educativas. Y que deben ser entendidas como una oportunidad para revisar de manera integral los Reglamentos Internos de Convivencia Escolar (RICE) y alinearlos con el Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Sin embargo, Plant enfatizó que las leyes constituyen un marco que orienta, y solo adquieren sentido cuando son incorporadas a las prácticas cotidianas de quienes integran la comunidad educativa. “En ese contexto es muy importante tener presente que la cultura escolar es la forma en que las personas se relacionan, trabajan y resuelven situaciones diariamente dentro del establecimiento. En este proceso, los adultos desempeñan un papel decisivo, porque los estudiantes aprenden de los ejemplos, por eso si los profesores esperan que sus estudiantes sean respetuosos, responsables y comprometidos, los docentes deben tener una relación de esas características frente a las diferentes situaciones que se presentan en la escuela”.
Asimismo, destacó la importancia del diálogo permanente entre los equipos educativos para construir acuerdos comunes respecto de la aplicación de las normas. Las respuestas frente a situaciones habituales —como el uso del celular, el incumplimiento del uniforme, las faltas de respeto o los conflictos entre estudiantes— deben ser conocidas y aplicadas por todos los adultos del establecimiento, evitando mensajes contradictorios que debiliten la cultura institucional.
La consistencia en la aplicación de las normas, agregó, reduce la incertidumbre de los estudiantes, facilita la convivencia y fortalece la identidad del establecimiento.
“Cuando existe un fuerte sentido de pertenencia, los jóvenes desean permanecer en el establecimiento, participan activamente y fortalecen su vínculo con la comunidad educativa, generando un círculo virtuoso que favorece tanto la convivencia como los aprendizajes. La asistencia escolar no depende únicamente de incentivos o reconocimientos, sino de lograr que los estudiantes sientan que la escuela es un espacio donde pertenecen, son escuchados y valorados”, afirmó.
“La nueva ley de Convivencia Escolar es una oportunidad”
Por su parte, la coordinadora nacional de Cultura Educativa del Ministerio de Educación, María Jesús Lavín, destacó dos aspectos que considera relevantes de esta nueva normativa. En primer lugar, mencionó el enfoque que “pasa de lo punitivo y reactivo a lo preventivo y formativo”. En ese contexto, sostuvo que el Plan de Gestión de la Convivencia es “una tremenda oportunidad, porque al tener que incluir contenidos mínimos eso nos exige definir ciertas acciones asociadas a distintos elementos que son importantes para la comunidad escolar. Nos invita a que tengamos que levantar una conversación. Si nos tomamos muy en serio ese Plan de Gestión y no como un trámite, esto realmente puede permear la cultura de la institución escolar”.
Por ejemplo, entre los contenidos mínimos que menciona la ley están “las acciones de promoción del bienestar y salud mental, orientadas a los distintos estamentos de la comunidad educativa”. Eso implicará conversar acerca de qué entiende cada comunidad escolar por bienestar, para muchos será empatía o respeto, y cómo lo esperan ver concretamente en la sala de clases. “¿Vamos a felicitar a nuestros estudiantes cuando escuchan al que está hablando o cuando levantan la mano? ¿Cómo vamos a abordar el error en la sala de clase? ¿Cómo los vamos a corregir? Hay que tratar que estas ‘acciones de promoción del bienestar’ estén vinculadas a acciones del día a día, a las prácticas, a las rutinas, al ambiente”, señala Lavín.
“El Plan de Gestión nos ayudará a dialogar sobre los contenidos mínimos que hay que incluir, a ponernos de acuerdo acerca de cómo queremos que se vea esto y qué podemos nosotros hacer al respecto. Y no se trata de inventar la rueda, probablemente hay muchos profesores que ya hacen muchas cosas en esa línea, entonces se requiere de espacios participativos para compartir esas buenas prácticas. Pienso que es una gran oportunidad”, agregó.
Y, en segundo lugar, destacó que esta ley impulsa la articulación técnico-pedagógica. El coordinador de convivencia tendrá que ponerse de acuerdo con el encargado de UTP para que, por ejemplo, cuando vaya a observar clases y haga una mentoría, no solo se enfoque en que el contenido de la clase sea el adecuado al programa curricular, sino que también ponga atención en el lenguaje que usa el profesor, cómo aborda las preguntas del estudiante, cómo los corrige, para así acompañarlo y ayudarlo a desarrollar herramientas de gestión que vayan en sintonía con la cultura que se quiere promover. “El coordinador de convivencia va a liderar algo en que toda la comunidad escolar está involucrada, no depende solo de él. Eso es muy importante: lo formativo tiene que estar presente en la sala de clases. Porque todos los profesores no solo tenemos que enseñar contenidos, también formamos”, concluyó.
Reportaje completo en: Revista de Educación 418.
