La Política Nacional de Educación en Territorios Rurales 2025-2031 que está impulsando el Ministerio de Educación busca avanzar en garantizar una educación de calidad y con pertinencia territorial, cultural y social para las comunidades rurales del país. Es una Política que responde al reconocimiento de que la ruralidad en Chile es más extensa y diversa de lo que comúnmente se percibe, abarcando el 82% del territorio nacional y albergando a una cuarta parte de la población.

“Por ello, ya desde su título (“Educación en territorios rurales”) se pretende dar cuenta de esta realidad y visibilizar la diversidad de ruralidades y establecimientos educativos rurales que hay en nuestro país. Hay desafíos históricos que han marcado a la educación en estos contextos — como la dispersión geográfica, la precariedad en infraestructura y la escasa disponibilidad de docentes especializados—, por lo que esta Política se plantea como una respuesta integral construida desde y con los territorios para abordar estos desafíos, a la vez que para reconocer y potenciar las tremendas oportunidades que ofrece la educación en estos territorios”, explica Flavia Fiabane, jefa de la División de Educación General (DEG) del Mineduc.

Para llevar a cabo esta Política, se recogieron en primer lugar diversos diagnósticos y documentos realizados desde el MECE rural (1992) en adelante, incluyendo las 52 propuestas que formuló la Mesa Técnica de Educación Rural convocada por Minagri (Ministerio de Agricultura) y Mineduc en 2020.

Luego, en 2023, las comunidades educativas rurales se sumaron a un proceso participativo amplio denominado “Diálogos para la Educación Rural”, en el que intervinieron más de 12.400 personas, incluyendo a comunidades educativas de todos los niveles y modalidades, microcentros, habitantes rurales, empresas, ONG, academia, sostenedores y gremios vinculados con la educación y el desarrollo rural, de todas las regiones del país. Lo anterior permitió recoger la visión de diversos actores para construir un marco de acción legítimo y representativo.

“Este proceso permitió identificar tanto brechas estructurales como experiencias valiosas desde los propios territorios, configurando una política representativa, con alto grado de legitimidad y pertinencia. La participación activa de estudiantes, docentes, apoderados, educadores tradicionales, autoridades locales y representantes de diversas instituciones fue clave para articular un diagnóstico profundo y proponer soluciones ajustadas a cada realidad”, explica Fiabane.

Los resultados del proceso participativo se encuentran disponibles en https://resultadosdialogosrurales.mineduc.cl/

Reportaje completo en: Revista de Educación N° 413.